PLAYA DEL CARMEN.- Jeyser Abimael “N”, quien fue detenido por la Guardia Nacional, con una orden en su contra, acusado de violencia vicaria, se escondía de agentes policiacos, con sus dos hijas menores de edad, en un agujero junto al baño de su casa, para así mantenerlas retenidas sin contar con su custodia legal.
Lo anterior lo relataron las niñas, ahora que ya han sido regresadas con su madre, reveló Ariadne Song Anguas, fundadora de la Red de Victimas Quintanarroense y defensora de esta víctima.
Entrevistada sobre este caso, la activista señaló que fue la abuela paterna quien entregó a este hombre a las dos niñas, pese a que no tenía la custodia legal.
Desde entonces, la madre de las menores ha atravesado un largo tormento, al no poder verlas ni saber cómo estaba su situación. De inmediato, el progenitor demandado por la vía familiar, por lo que se le entregaron cuatro órdenes de recuperación, que él ignoró.
Al mismo tiempo, el sujeto fue denunciado de sustracción de menores y de violencia vicaria, delitos que se configuraban y que derivaron, finalmente, en la detención del progenitor y en el regreso de las niñas con su madre.
Tras ser entregadas a su madre, las niñas comentaron que su padre las retenía y cada vez que venía la policía en su búsqueda, él ingresaba con ellas en un hueco al lado del baño, donde por medio de cámaras de vigilancia aguardaba hasta que se retiraba la policía.
Una de las niñas contó que era un hueco muy pequeño donde permanecía con su padre y en una ocasión tuvo que hacer sus necesidades en ese lugar, en espera de que los policías se retiraran, lo cual se constituyó como maltrato infantil según las valoraciones psicológicas del DIF municipal, “ya que estaban prácticamente secuestradas”.
‘LES TIEMBLA LA MANO’
Con este, ya van dos personas que han sido llevados ante la justicia, por violencia vicaria, delito en el que los agentes del Ministerio Público todavía no están capacitados, por lo que a menudo son muy permisivos con los imputados, aseveró Song Anguas.
“Les tiembla la mano”, sentenció la activista, quien lamentó que no se priorice el interés superior de la niñez en estos casos.
En este sentido, comentó que no cuentan con cifras de cuántas órdenes de aprensión por esta misma razón han girado los ministerios públicos a petición de los asesores jurídicos, ya que muchas veces las víctimas no tienen la posibilidad de contratar servicios especializados en violencia de género.
“No todos los asesores jurídicos de atención a víctimas del delito entienden la gravedad de que los menores estén privados de la convivencia y cuidados de sus madres”, expresó.
