CHETUMAL.- El Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IAPQROO) presentó hoy un estudio sobre las tarifas de agua potable que se han pagado en la entidad desde 1980 hasta la fecha, en donde señala que los quintanarroenses han pagado ocho veces más que otros usuarios en el resto del país.
Juventino Castillo Pinzón, investigador del Iapqroo y autor del estudio, indicó que Aguakan hasta el 2021 cobraba 92% más del costo total del servicio y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) un 67% más.
Explicó que esta diferencia se debe a que CAPA atiende al 85% de la población rural, lo que obligó a la institución a aumentar tarifas por sus ingresos insuficientes para atender estas zonas rurales que representan usuarios más dispersos.
El mayor impacto en el alza de tarifas, dijo, se dio entre el 2011 y 2015, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo y con la entrada en vigor de los Decretos 444 y 066, que establece que además del incremento al índice nacional de precios se podría cobrar un 30% adicional, lo que calificó como un “error garrafal”.
“Cada mes se está haciendo un análisis tarifario, ven esa diferencia y la aplican a la tarifa y esto ha incidido para que mes tras mes se incremente la tarifa de los servicios, hasta alcanzar en el 2021 un 92%, que en la actualidad representa casi el doble a lo que se debería cobrar”, expresó.
Indicó que a pesar de haber alertado sobre esta problemática desde hace años, esperó más de un año para que el Gobierno del Estado reaccionar e interviniera adecuadamente en beneficio de la población, pero lamentó que esto no sucediera.
En este sentido, señaló que el decreto que el Congreso del Estado acaba de autorizar en donde están quitando la concesión del servicio a Aguakan, no devolverá a la comunidad los 17 millones de pesos que se recaudaron de más por la empresa concesionaria.
Refirió que en el lapso que se investigó, esta empresa captó recursos indebidos por alrededor de mil 500 millones de pesos, que solo sirvieron para pagar la renovación anticipada y extensión del contrato de concesión hasta el 2053.
Juventino Castillo, resaltó que no es suficiente retirar la operación del servicio de agua potable a Aguakan, sino es urgente que desde el Poder Legislativo y el mismo Ejecutivo, se echen atrás los Decretos 444 y 066 que permiten a la empresa privada, aplicar tarifas excesivas que lastiman los bolsillos de la sociedad quintanarroense.
