CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) perdió en definitiva el caso abierto en contra de 31 científicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), antes Conacyt, a quienes la Fiscalía señaló por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En la sesión del pasado 25 de abril de 2024, y por mayoría de votos, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que el personal del extinto Conacyt no cometió ningún delito, razón por la cual la continuación de una investigación en su contra resultaría en violaciones graves a sus derechos humanos. Por la tarde, W Radio dio a conocer la sentencia del 25 de abril.
“Como legalmente se señaló en la resolución recurrida, una vez determinado por el juez de control al que correspondió el conocimiento de la orden de aprehensión, que los hechos imputados no revisten carácter de delictivo, la prosecución de una investigación transgrediría el derecho fundamental de la legalidad de las personas investigadas, además del diverso de seguridad jurídica”, se lee en la sentencia de la que Animal Político tiene copia.
De esta forma, las y los magistrados pusieron punto final a uno de los casos más emblemáticos de la administración del fiscal Alejandro Gertz Manero, que inició desde julio de 2021, luego de que el fiscal general fuera rechazado en varias ocasiones del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del entonces Conacyt.
De acuerdo con la sentencia, el 17 de abril del año 2023, un juez de distrito emitió una resolución en la que decretó el sobreseimiento del proceso judicial abierto en contra de Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del entonces Conacyt, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como de Elías Micha Zaga, José Rodrigo Roque y María Dolores Sánchez Soler, entre otros, respecto a los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Inconforme con la resolución, el Ministerio Público de la Federación interpuso un recurso de apelación el 20 de abril de 2023, por lo que el asunto llegó al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, órgano que lo admitió a trámite y lo turnó para su resolución a la ponencia de la magistrada Amalia del Carmen Fernández Barquín.
“La propuesta sería abordar de fondo como infundado el agravio (de la FGR) y confirmar la determinación del juez (de absolver a los imputados)”, dijo la magistrada al presentar el proyecto a sus compañeros en la sesión del pasado 25 de abril de 2024.
“Este Tribunal Colegiado de Apelación estima válido que el juzgador haya considerado diversas determinaciones dictadas en la misma causa penal (el no ejercicio de la acción penal y el sobreseimiento de la causa penal), respecto de los mismo hechos delictivos imputados a diversos coimputados en los que igualmente sobreseyó de forma parcial; en la causa se confirma la resolución recurrida dictada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal 299/2021, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano)”, señala la sentencia.
Ya en su sentencia, la magistrada resolvió que al ser cosa juzgada, el caso por ende debe quedar completamente cerrado.
Los científicos del Conahcyt acusados de delincuencia organizada
A mediados de 2021 se dio a conocer que la FGR abrió una investigación en contra 31 científicos y académicos del Conahcyt, a los que se les acusó por el presunto desvío de recursos “destinados exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica” del año 2013 al 2018.
La denuncia fue interpuesta el 10 de julio de 2021 por la directora general del entonces Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a través de una representante legal que señaló a los científicos por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Según la denuncia, estos recursos fueron gastados en una casa residencial, viajes internacionales y nacionales, sueldos, impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otros.
Por este motivo, el 24 de agosto del mismo año, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de los imputados, a quienes les agregó los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por presuntamente desplegar, “de forma permanente y reiterada”, 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. con la supuesta finalidad de beneficiar indebidamente a todos sus integrantes.
Un día después, el juez integró la causa penal 299/2021, pero previno a la FGR para que “perfeccionara su solicitud” argumentando por qué consideraba que ese Centro de Justicia Penal era competente para conocer del caso y para que “esbozara, transcribiera o expusiera de forma clara y precisa” las pruebas con las que pretendía imputar responsabilidad a los científicos.
Una vez que la FGR cumplió, el 21 de septiembre de 2021, el juez negó las órdenes de aprehensión al considerar, por primera vez, que los hechos materia del ejercicio de la acción penal no eran constitutivos de delitos.
“Todos los hechos que invoca la fiscalía en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, Asociación Civil, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho Foro y en el Estatuto entonces vigente”, concluyó el juez.
Por ello, un día después, la FGR informó que volvería a solicitar el arresto de los científicos al considerar que “un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución”.
Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los docentes del Consejo y la comunidad científica en el país han gozado de mucha influencia para protegerse, mientras que la gente con menos recursos no puede defenderse.
“Los del Conacyt tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenían que pagar del presupuesto hasta para sus hijos. Como tenían mucha influencia, buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica, era como un chantaje y se le tenía que entregar fondos”, dijo.
A partir de ahí algunos de los coimputados acudieron a diversas instancias jurisdiccionales buscando un pronunciamiento que terminara definitivamente con el proceso penal en su contra.
Desde 2021 hasta 2023, los científicos y académicos del organismo iniciaron juicios de amparo ante juzgados y tribunales federales debido a que, si bien el juez de la causa negó la orden de aprehensión, omitió decretar el sobreseimiento de la causa penal por “atipicidad de los hechos”.
Una primera resolución a su favor ocurrió el 17 de octubre de 2022, cuando un Tribunal Colegiado consideró como fundado el agravio cometido contra los científicos al establecer que, al haberse negado la orden de aprehensión en su contra, el juez también debió decretar de oficio el sobreseimiento de la causa penal y, en consecuencia, enviar al asunto al archivo definitivo.
Con los recursos ganados en tribunales, a finales de 2022, diversos coimputados solicitaron el sobreseimiento de la causa penal. Tras un par de diferimientos, el 13 de enero de 2023 el Poder Judicial determinó como procedente decretar el sobreseimiento al considerar que los hechos eran atípicos de cualquier delito y dicha situación había quedado firme al no existir apelación por parte de la FGR.
“Como se advierte de los antecedentes hasta aquí expuestos, existen una serie de resoluciones en las que se ha determinado que los hechos materia de la causa penal 299/2021 radicada ante ese Centro de Justicia no son delictivos y que, por tanto, no existe razón por las que sigan llevando un procedimiento penal por los mismos”, señalaron los científicos en sus escritos.
Incluso, en agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que reconoció la legalidad del Foro Científico y Tecnológico A.C. y su relación jurídica con el Conacyt, lo que de igual forma contradijo el argumento central de la FGR y su acusación contra los 31 científicos, pero no fue hasta este 2024 que un Tribunal dio por concluido el caso.
