Las cámaras de videovigilancia en exteriores son una herramienta popular para combatir robos a casas habitación. Sin embargo, instalar cámaras fuera de los hogares plantea dilemas legales que preocupan a los ciudadanos. Según la Ley de Protección de Datos Personales, grabar rostros sin consentimiento podría vulnerar derechos a la privacidad.
Expertos subrayan que esta legislación podría poner en desventaja a los ciudadanos que buscan protegerse ante el aumento de delitos, pues obliga a colocar avisos visibles, lo que disminuye la efectividad de las medidas de seguridad.
¿Qué dice la ley sobre cámaras en exteriores?
De acuerdo con Profeco y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, las cámaras en exteriores son legales si se utilizan para cuidar bienes e instalaciones. Sin embargo, estas deben ir acompañadas de avisos visibles que informen a terceros que están siendo grabados.
Francisco Jiménez Reynoso, experto jurídico de la UdeG, señala que esta regulación deja a los ciudadanos en desventaja frente a la delincuencia. Muchas personas colocan cámaras no por gusto, sino por la falta de seguridad que deberían garantizar las autoridades locales y estatales.
En algunos casos, incluso se colocan falsas cámaras con letreros llamativos para disuadir a posibles delincuentes. Esto refleja la desesperación de quienes buscan proteger sus hogares ante el aumento de delitos. Jiménez Reynoso insiste en que la ley debe adaptarse a la realidad actual, donde la inseguridad supera las capacidades de las autoridades.
El especialista critica la “protección” legal hacia los delincuentes, considerando que defender su privacidad es un enfoque más adecuado para países con condiciones de seguridad muy distintas a las de México.
¿Qué cambios legales se proponen?
Expertos sugieren modificar la legislación para homologarla entre el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión. La propuesta busca priorizar la protección ciudadana sobre la privacidad de quienes cometen delitos.
Jiménez Reynoso enfatiza que el marco legal actual es obsoleto y no responde a la necesidad urgente de seguridad. La actualización de estas leyes podría ser un paso significativo para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
