CANCÚN.- Funcionarios de la empresa Aguakan y accionistas de Desarrollos Hidráulicos de Cancún enfrentarán imputaciones por presunto lavado de dinero, delito con el que habrían obtenido la ampliación de la concesión del suministro de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo.
El Gobierno estatal denunció ante la Fiscalía General de la República a los directivos de Aguakan y a exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo. La acusación incluye la presunta utilización de recursos de procedencia ilícita para garantizar pagos por mil millones de pesos ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), monto que posteriormente desapareció.
Por su parte , Aguakan publicó un comunicado donde acusa a la administración estatal de emprender una “persecución jurídica” en su contra, en un intento de desacreditar las investigaciones y retener la concesión en Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos. Sin embargo, el proceso judicial sigue su curso.
Será el próximo 3 de marzo, que el director de Aguakan, Paul Andrew Rangel Markley, y varios accionistas enfrentarán una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo. A pesar de contar con una suspensión contra orden de detención otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito, las acusaciones en su contra podrían derivar en un proceso prolongado.
Cabe recordar que el Congreso de Quintana Roo aprobó en 2023 el retiro de la concesión de Aguakan, vigente hasta 2053, tras detectar diversas irregularidades. No obstante, la empresa obtuvo una suspensión definitiva contra la medida, aunque fue señalada por presunto fraude procesal.
El juicio apenas comienza y se prevé que se extienda por varios meses o incluso años.
