CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió modificar la redacción en su propia ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las comisiones unidas del Senado aprobaron en ‘fast track’ y sin ningún cambio el dictamen con el que se abre la puerta al bloqueo de plataformas digitales y la prohibición de difundir propaganda extranjera.
La reunión de las tres comisiones duró dos horas y media para cerrar con 29 votos a favor y 9 en contra de los integrantes de las Comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos.
En medio de reclamos de censura por parte de la oposición, la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) se impuso para aprobar la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Legisladores de la oposición reclamaron que el dictamen, de 226 páginas y 286 artículos, fue publicado a las 10 de la noche de este miércoles y a la mañana siguiente ya tenían que votarlo.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó a legisladores de la coalición oficialista de “ni siquiera” haber leído el documento y solo levantar la mano.
El panista subrayó el control que tendrá la recién creada Agencia de Transformación Digital, subordinada al Poder Ejecutivo, con facultades que antes tenían la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo colegiado desaparecido en meses pasados por iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Todas las facultades para decidir qué sí se puede pasar en radio, en televisión, en internet, en redes sociales, concesiones, todas esas facultades las concentran en una sola persona, porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo”.
Anaya también cuestionó que en la reforma, a la cual llamó “ley censura”, se incluya la disposición al uso correcto del lenguaje (en el artículo 192), que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en 2020.
“Claro que les molesta lo que dice Brozo, lo que dice Chumel Torres. Pues como no les va a molestar, pero lo que dicen son verdades y ustedes los quieren censurar”.
“Yo entiendo que tenga prisa, pero no la frieguen, llegó esto a las 10 de la noche, la sesión empieza a las 10 de la mañana, tienen los votos, pero nos van a tener que escuchar, les guste o no. Y termino, esto no es una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, esto es la ley censura”.
En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, también acusó un “albazo legislativo” en el que con argumento de prohibir la propaganda extranjera golpea al sector de telecomunicaciones con la centralización de las atribuciones de esta materia en la Presidencia de la República a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
“Busca establecer las bases de la política en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, regular el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el despliegue del acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y de radiodifusión, y los derechos de los usuarios y de las audiencias. Es decir, pretende regular absolutamente todo el espectro de radio y telecomunicación, lo cual nos parece absolutamente delicado”.
Barrales advirtió que la incertidumbre en el sector tras la aprobación de la ley puede conllevar un impacto económico en el sector cuya aportación al PIB en 2024 fue de 475 mil millones de pesos, es decir, 1.6 %.
La senadora del PRI Carolina Viggiano criticó que el debate resulta infructuoso ante la mayoría de la coalición oficialista que no escucha los argumentos de la oposición. La legisladora argumentó que no han terminado de leer los 283 artículos y acusó un intento de autoritarismo por parte del gobierno federal.
“Si el Gobierno decide tomar el control total de las comunicaciones, también puede hacerlo bajo el concepto vago como alteración del orden, se faculta al Ejecutivo a revisar bienes y servicios de telecomunicaciones, una herramienta peligrosa en manos de autoritarios, pues puede justificar el espionaje, la censura o el silenciamiento masivo. Y por si fuera poco, se otorgan concesiones a discreción con el pretexto de interés público”.
“Cuidemos lo que decimos”
A favor de la iniciativa participó la senadora del Partido del Trabajo, Lizeth Sánchez. La legisladora argumentó que los mensajes discriminatorios dañan a toda la sociedad y aseguró que la ley no busca censurar sino garantizar que las plataformas de comunicación respeten los derechos humanos y fortalezcan la cohesión social.
“Hago un llamado a los medios de comunicación, a las plataformas digitales y a la ciudadanía. Seamos guardianes del respeto y de nuestra soberanía, cuidemos lo que decimos, lo que compartimos y lo que permitimos circular”.
Por parte de Morena, fijó postura a favor de la ley el senador Anibal Ostoa Ortega, quien apeló a la soberanía nacional sin injerencias extranjeras ni campañas mediáticas.
“Durante años los medios de comunicación en México han sido en muchos casos herramientas de manipulación, de intereses ajenos al pueblo y serviles a las élites nacionales e internacionales”.
En tanto, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de Morena, Alfonso Cepeda, defendió que la ley ayudará a frenar “la infodemia”, para “dar paso a lo que debe ser una información veraz y ética”.
La ley contempla en 66 párrafos las atribuciones de la Agencia Digital que concentra atribuciones que antes tenía la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El organismo, subordinado a la Presidencia de la República, emitirá los criterios técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y será el responsable de adoptar las medidas necesarias que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en caso de revocación o rescate de concesiones, así como disolución o quiebra de las sociedades concesionarias.
También debe planear e instrumentar las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social, así como elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal.
En su artículo 159, la ley obliga a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a atender todo mandamiento de la autoridad competente.
La Agencia debe expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil, que ha sido una preocupación de defensores de derechos humanos ante el riesgo de que esa información sea vulnerada.
La ley establece que las autoridades de seguridad pueden consultar a ese registro, conforme a los criterios y condiciones que establezca la Agencia.
Lo contenido en el artículo 109 fue una de las principales críticas de legisladores de la oposición, que acusaron el riesgo de censura, ante la posibilidad de bloqueo de cualquier plataforma, establecida en la ley.
El artículo establece lo siguiente:
“Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”.
Sin embargo, durante la tarde de este jueves la propia Agencia de Transformación Digital explicó que el artículo 109 no se relaciona con el contenido y expresiones en redes sociales y atiende aspectos considerados en normas vigentes.
“Si una plataforma comercial incumple con leyes fiscales, la autoridades a cargo puede solicitar su bloqueo temporal. No tiene relación alguna con contenido y expresión en redes sociales”, señaló en una publicación en X.
Apenas unas horas antes de la aprobación de la ley, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que su iniciativa esté planteando la censura y sugirió corregir la redacción del artículo 109 de la nueva ley, respecto al bloqueo de plataformas por incumplir alguna disposición.
“Hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales, en todo caso hay que corregir la propia redacción; pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia que no paga sus impuestos, por materia… de otro tipo, que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la Agencia tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar… pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas. Jamás sería nuestra intención censurar si siempre hemos estado en contra de la censura”.
