CANCÚN.- Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Cancún y empresario ligado al negocio de la basura, se encuentra prófugo de la justicia tras evadir su arresto domiciliario en uno de los municipios más lujosos de Nuevo León. Acusado de liderar un fraude por más de 531 millones de pesos, su fuga evidencia un entramado de corrupción, privilegios judiciales y omisiones graves de las autoridades encargadas de vigilarlo.
Del poder político al control empresarial de la basura
Carlos Canabal fue una figura influyente en el ámbito político y empresarial de Quintana Roo. En 2004, asumió como presidente municipal interino de Benito Juárez (Cancún), tras la salida de Juan Ignacio García Zalvidea. Su breve paso por la administración pública fue suficiente para tejer alianzas con sectores empresariales estratégicos y fortalecer su presencia en medios de comunicación.
Uno de los negocios que más polémica generó fue su presunto vínculo con la empresa Inteligencia México S.A. de C.V., contratada para el servicio de recolección de basura en Cancún. Aunque Canabal siempre negó tener control directo sobre la compañía, diversos reportes lo señalaron como accionista oculto y operador de decisiones clave a través de familiares y prestanombres.
Con el tiempo, la empresa acumuló señalamientos por sobrecostos, incumplimiento de contratos y simulación de servicios, lo que derivó en una auditoría financiera que destapó un posible desfalco multimillonario en al menos tres municipios del sureste mexicano.
El fraude: 531 millones desviados con contratos simulados
La denuncia que llevó a su captura fue interpuesta por LV S.A. de C.V., una empresa afectada por el entramado de contratos simulados, pagos duplicados y transferencias a cuentas vinculadas a Inteligencia México. De acuerdo con la carpeta judicial, el desvío asciende a 531 millones 420 mil pesos, mediante facturación falsa, operaciones trianguladas y contratos modificados de forma irregular entre 2017 y 2022.
En febrero de 2024, Canabal fue detenido en Tulum. Las autoridades lo trasladaron al penal de Apodaca, en Nuevo León, donde se le dictó prisión preventiva. Sin embargo, su defensa alegó problemas cardíacos y presión arterial inestable, lo que permitió su traslado al Hospital Universitario de Monterrey.
Pocos meses después, en diciembre, un juez le concedió prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y vigilancia fija en su residencia de San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas del país.
Una fuga facilitada por decisiones judiciales sospechosas
Lo que parecía un esquema de vigilancia estricto se desmoronó en marzo de 2025, cuando un juez federal con sede en Zacatecas —sin tener jurisdicción directa sobre el caso— ordenó la retirada del brazalete electrónico, con el argumento de que se vulneraban sus “derechos humanos”.
El 26 de abril, Canabal debía acudir a una audiencia clave en el proceso, pero nunca se presentó. Al realizarse un operativo en su domicilio, se descubrió que había huido, sin brazalete y sin vigilancia física activa. Su paradero es desconocido hasta hoy.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Fiscalía de Quintana Roo, la FGR y la Interpol emitieron una ficha roja para su localización internacional. Al mismo tiempo, se presentaron denuncias penales y administrativas contra los jueces, policías y funcionarios que facilitaron el relajamiento de sus medidas cautelares.
Canabal responde: “Soy víctima de una venganza”
En un comunicado difundido por sus abogados, Carlos Canabal niega estar prófugo. Afirma haber obtenido una libertad definitiva en octubre de 2024 por parte de un juez federal, y acusa a empresarios y políticos locales de emprender una “venganza mediática y judicial” por haber denunciado contratos amañados. Sin embargo, no ha presentado pruebas documentales que respalden su dicho y evita comparecer ante cualquier autoridad.
Corrupción, privilegios y un sistema judicial a modo
El caso de Carlos Canabal es un ejemplo paradigmático del colapso institucional que permite que figuras con poder económico y político burlen la justicia mexicana. La facilidad con la que logró primero suavizar su reclusión, y luego escapar sin consecuencias inmediatas, levanta serias sospechas de corrupción judicial, tráfico de influencias y complicidad de cuerpos de seguridad.
Mientras el fraude continúa sin castigo y los recursos públicos desviados no han sido recuperados, su fuga se convierte en un símbolo de la impunidad que corroe al país desde sus estructuras más altas.
