CNDH emite recomendación sobre caso ‘marinos torturadores’

Por violaciones graves a los derechos humanos por actos de tortura en agravio de una persona durante su detención y posterior violación a su intimidad y vida privada, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Tecomán, Colima, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación al almirante José Rafael Ojeda Durán.

El organismo defensor de los derechos humanos detalló que el 30 de septiembre de 2020, recibió la queja por parte de la víctima, quien dijo que el 20 de octubre de 2011 fue detenido por personal de la Semar en Cerro de Ortega, Tecomán, Colima.

Afirmó que durante su aprehensión fue sometido a diversas torturas físicas y psicológicas antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Colima y luego trasladado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organzada (Siedo) en la Ciudad de México.

Así ocurrieron los hechos

El 30 de septiembre de 2020, se recibió en la CNDH la queja de la víctima, quien manifestó que el 20 de octubre de 2011 fue detenido por elementos de la Semar en la localidad de Cerro de Ortega; detalló que durante su detención fue sometido a diferentes tipos de tortura (física y psicológica), para posteriormente ser puesto a disposición de la entonces PGR en Colima, y trasladado a las oficinas de la entonces SIEDO en la Ciudad de México.

El día de su detención, la persona se encontraba en el domicilio de un amigo, llegaron elementos de la Semar, algunos en camionetas, otros caminando, llevaban armas e iban tapados de la cara con pasamontañas y cascos, llegó a ver helicópteros sobrevolando el lugar; se metieron al domicilio donde se encontraban apuntándole con las armas, con palabras altisonantes y amenazantes le ordenaron tirarse al piso, le preguntaron si era un presunto criminal. La persona respondió que no.

Posteriormente, lo sacaron del lugar y comenzaron a golpearlo, lo ingresaron a otro domicilio donde lo interrogaron pidiéndole información de algunas personas, armas, drogas, apodos, respondiendo que desconocía esos datos; los marinos le dijeron que al tener un negocio en esa localidad “cómo no iba a saber de lo que le hablaban”, le decían que cooperara o que lo iban a matar, lo hincaron, lo tomaron por el cuello, empezaron a darle patadas, y colocaron una bolsa en la cabeza, donde le causaron asfixia, situación que lo llevó a perder el conocimiento.

Permaneció alrededor de 3 horas en dicho domicilio, durante ese tiempo, lo siguieron golpeando en diferentes partes de cuerpo. Fue trasladado en una camioneta tipo “van”, durante el trayecto permaneció acostado boca abajo, continuaban golpeando en el cuerpo, lo llevaron a una casa, donde advirtió que se encontraban más personas detenidas, escuchaba gritos.

La persona fue llevada a un “cuartito”, le pidieron grabar un video en el que tenía que leer un papel donde decía que él trabajaba para el narcotráfico.

Posteriormente, fue trasladado a las oficinas de la entonces PGR en Colima, donde le dijeron que tenía que firmar unos papeles; cuando fue revisado por el personal médico de esa institución les dijo que “se cayó”, pues en ese momento se encontraban presentes los elementos de la Semar. Finalmente fue traslado a las instalaciones de la entonces SEIDO en la Ciudad de México, donde permaneció en arraigo, para posteriormente ingresar al CEFERESO No. 5.

Recomendación

Del análisis de los hechos y pruebas, la CNDH pudo acreditar violaciones graves a los derechos humanos de la víctima por actos de tortura, negación a un trato digno y afectación a la intimidad y vida privada, por lo cual solicitó al titular de la Semar que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado, que incluya una compensación justa y se otorgue la rehabilitación médica y psicológica que se requiera.

El organismo nacional señaló que la Semar debe colaborar en la denuncia de hechos que se presente ante la FGR contra las personas servidoras públicas que participaron en este caso. Asimismo, se deberá retirar de la página de internet de la Secretaría el comunicado y las fotografías de la presentación de la víctima, con el fin de reintegrarla a la sociedad, sin perjuicio a las violaciones a los derechos humanos de que fue objeto.

“Finalmente, la Semar debe impartir cursos de capacitación para erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que incluyan temas de respeto a la vida privada e intimidad de las personas sujetas a procesos penales”.