Corte Suprema de EU concede a Trump inmunidad parcial

ESTADOS UNIDOS.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este lunes que el expresidente Donald Trump tiene inmunidad parcial a la hora de ser procesado por acciones que llevó a cabo durante su período en la Casa Blanca.

El tribunal le otorgó el derecho a “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por aquellas acciones de carácter oficial que llevó a cabo durante su mandato.

Sin embargo, decidió que Trump carece de inmunidad en el caso de acciones no oficiales.

Los magistrados de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, emitieron el veredicto con 6 votos a favor y 3 en contra.
Una “victoria” para Trump.

“Concluimos que, bajo nuestra estructura constitucional de separación de poderes, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad contra el procesamiento penal por actos oficiales durante su mandato”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en el documento que explica el veredicto.

Afirmó que, “al menos con respecto al ejercicio por parte del presidente de sus poderes constitucionales básicos, esta inmunidad debe ser absoluta”.

Matizó, sin embargo, que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley”.

Trump valoró la decisión como una “gran victoria para nuestra Constitución y democracia” en un post de su red social Truth Social.

La mayoría de los analistas consideran que el fallo supone una victoria para el republicano.

Por su parte, la campaña de Joe Biden para las elecciones expresó que el fallo de la Corte Suprema “no cambia los hechos” de lo que sucedió el 6 de enero de 2021 y afirmó que Trump “piensa que está por encima de la ley y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar y conservar el poder”.

Esta fue también la opinión de una de los 3 jueces que votaron en contra, Sonia Sotomayor, quien ironizó que debido a esta sentencia “el presidente es ahora un monarca” que está “por encima de la ley”.

El primero se vincula a sus denuncias de un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020 que perdió contra Joe Biden y el asalto al Capitolio perpetrado por sus seguidores el 6 de enero de 2021.

Los fiscales federales alegan que Trump presionó a funcionarios para revertir los resultados de los comicios, difundió deliberadamente mentiras sobre el supuesto fraude electoral y trató de explotar los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021 para retrasar la certificación de la victoria de Biden y permanecer en el poder.

Por ello fue acusado de cuatro cargos penales, entre ellos conspiración para menoscabar a Estados Unidos y conspiración contra los derechos de los ciudadanos.

Otro caso separado también tiene que ver con las elecciones de 2020, en este caso en el estado de Georgia, donde perdió por un estrecho margen.

El expresidente y otras 18 personas están acusadas de conspirar criminalmente para revertir aquella derrota por medios ilícitos.
La investigación se basa en parte en una llamada telefónica filtrada en la que Trump pidió al principal funcionario electoral del estado que le “encontrara 11.780 votos”.

El tercer caso es el de los documentos clasificados de la Casa Blanca que el exmandatario habría llevado a su residencia de Mar-a-Lago después de dejar el cargo.

Se investiga, además, si obstruyó los esfuerzos del FBI para recuperar los archivos, así como la investigación criminal sobre su manejo de los mismos.

La mayoría de los cargos en este caso son por retención intencional de información de defensa nacional, algo recogido en la Ley de Espionaje.

El documento en el que los magistrados de la Corte Suprema explicaron su decisión contiene algunas pistas sobre qué actuaciones de Trump se consideran oficiales, y por tanto estarían protegidas por la inmunidad, y cuáles no.

Por ejemplo, sería una actuación oficial haber ordenado al Departamento de Justicia que debatiera con los estados sobre la investigación del supuesto fraude electoral.

También haber hablado con el entonces vicepresidente Mike Pence, a quien Trump presionó para que no certificara los resultados de las elecciones de 2020.

Asimismo, consideraron “oficiales” el discurso que Trump pronunció la mañana del 6 de enero de 2021 -en el que alentó a manifestantes a marchar hacia el Capitolio y sugiriendo que podría unirse a ellos- y los tweets que envió ese día.

Los jueces de la Corte Suprema dejan en manos de tribunales inferiores determinar si ciertos actos se consideran “no oficiales”.

Uno de ellos es haber tratado de convencer a funcionarios estatales de que el presunto fraude electoral implicaba que estos debían cambiar los votos del estado a favor de Trump.

Otro es haber creado listas de los llamados “falsos electores” para que los estados las enviaran al Congreso a certificar que Trump había ganado las elecciones en lugares donde, en realidad, las perdió.

Ambos están relacionados con los cargos que el expresidente enfrenta en Georgia.

La campaña de Donald Trump para las elecciones de 2024 ha estado salpicada por varios escándalos judiciales.

A finales de mayo fue declarado culpable de 34 cargos en un juicio en Nueva York por falsificación de documentos para ocultar un pago a cambio de silencio a la exestrella porno Stormy Daniels.

El fallo convirtió a Trump en el primer expresidente estadounidense en la historia condenado en un juicio penal.