CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migración (INM) de México aclaró este jueves que los más de 400 migrantes que fueron desalojados el miércoles de un campamento ubicado en el centro de la capital del país fueron trasladados a diversos albergues y espacios de la institución.
“El INM realizó labores de convencimiento para trasladarles a albergues y espacios de esta institución (a los migrantes), con el objeto de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria”, informó la dependencia en una tarjeta informativa.
El INM ratificó así las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien la mañana de este jueves negó que su gobierno haya endurecido las deportaciones de migrantes tras la llamada de esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y la nueva orden ejecutiva de Washington para restringir el asilo en la frontera.
La dependencia recalcó que estableció comunicación directa con cada una de las 432 personas extranjeras, para lo cual contó con el apoyo de agentes migratorios especializados en traducción.
“De este conjunto de personas, 83 aceptaron de manera voluntaria su traslado a los espacios migratorios del INM en los estados de Morelos (76) y México(7)”, detalló.
La nota abundó que otros nueve fueron trasladados a las oficinas de regularización del INM en la Ciudad de México y siete se quedaron en un albergue también en la capital mexicana, entre ellos, 3 menores de edad.
También informó que 99 personas aceptaron recibir una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), la cual regulariza por un año su situación migratoria en el país, mientras que el resto decidieron retirarse “por su propio pie”
Asimismo, explicó que las personas extranjeras refirieron que pagaban una cuota a un dirigente territorial para tener un lugar en el campamento, que oscilaba entre los 200 y 600 pesos.
La plataforma Racismo MX condenó el desmantelamiento del campamento, que se encontraba en la plaza Giordano Bruno.
Defensores de derechos humanos señalaron que no hubo representación de organizaciones civiles para revisar que las autoridades respetaran la dignidad de las personas migrantes desalojadas.
