El diputado federal plurinominal por Quintana Roo, Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), lanzó recientemente una crítica contra la situación de seguridad en Tulum, calificando la violencia como alarmante y exigiendo medidas inmediatas para combatirla. Sin embargo, su discurso ha sido señalado como malintencionado e incongruente, ya que omite convenientemente el papel que su propio partido jugó en la crisis de inseguridad que enfrenta hoy el estado.
Sánchez Rodríguez pidió establecer mesas de trabajo y protocolos conjuntos entre autoridades estatales, federales y municipales para frenar la violencia, afirmando que Tulum necesita “alerta máxima” . No obstante, su postura es oportunista, ya que el PAN, junto con el llamado “juaquinismo” encabezado por el exgobernador Carlos Joaquín, dejó un legado de inseguridad marcado por la falta de resultados, el maquillaje de cifras y la ineficacia de los mandos policiacos.
Durante la administración de Joaquín, figuras como Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública, y Óscar Montes de Oca, exfiscal, implementaron políticas que fracasaron en contener la violencia. Capella fue acusado de inflar estadísticas de seguridad para simular resultados positivos, mientras que Montes de Oca enfrentó señalamientos por presuntas irregularidades en la procuración de justicia .
La crítica de Sánchez Rodríguez, lejos de abonar al debate serio sobre seguridad, ha sido interpretada por diversos sectores como un intento de deslindar a su partido del desastre que dejó en la entidad. Hoy, Quintana Roo enfrenta las consecuencias de una gestión que priorizó la imagen política por encima de la seguridad efectiva, y la actual administración aún lucha contra la violencia que floreció bajo el mandato panista.
Mientras el diputado busca capitalizar políticamente la crisis, las víctimas de la inseguridad en Tulum y en todo el estado siguen exigiendo respuestas concretas, lejos de discursos partidistas que solo buscan sacar rédito de la tragedia.
