CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma que reduce la edad para acceder a la pensión para adultos mayores de 68 a 65 años.
Y elevó a rango constitucional programas sociales creados durante la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Las propuestas, que buscan beneficiar a un mayor número de personas con recursos económicos, fueron respaldadas por unanimidad de 483 diputados en el recinto legislativo de San Lázaro.
El dictamen avalado no solo implica la reducción de la edad para las pensiones de adultos mayores.
Sino que también eleva a rango constitucional programas como la pensión para personas con discapacidad permanente.
El programa Sembrando Vida, entre apoyos a productores, pescadores y campesinos.
La modificación establece que el Estado mexicano destinará cada año los recursos presupuestarios suficientes y oportunos.
Conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos que impliquen la transferencia de recursos directos para la población.
También indica que el monto de estos programas no podrá ser disminuido en términos reales.
Al tiempo que hace responsable al Gobierno mexicano de garantizar la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieran ser procesada.
Así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala.
A pescadores de pequeña escala; y precios garantizados para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.
Por su parte, se admitió una modificación para establecer que todos los mexicanos tienen derecho a disfrutar de vivienda adecuada y se agregó a los artículos transitorios que el Congreso dispondrá de un plazo de 180 días a partir de la publicación del decreto para armonizar la legislación secundaria en la materia.
Esta reforma modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución Política Mexicana.
Reduce la edad mínima para acceder a la pensión para adultos mayores de 68 a 65 años.
Este cambio permitirá que más personas se beneficien de este apoyo económico en una etapa crítica de sus vidas.
Asimismo, se eleva a rango constitucional el derecho a una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Se dará prioridad a los menores de 18 años, asegurando que este sector vulnerable reciba el apoyo necesario.
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