Empieza la cacería antimigrantes en Florida

FLORIDA.- La ley SB 1718 de inmigración, una dura reforma impulsada por el gobernador Ron DeSantis que persigue a los inmigrantes indocumentados y obliga a denunciar a los empresarios entró en vigor ayer.

La ley obliga a los empresarios con más de 25 empleados a comprobar su estatus migratorio mediante una base de datos federal conocida como E-Verify.

Los empresarios que no cumplan la ley se enfrentan a multas de mil dólares al día hasta que demuestren que sus trabajadores tienen los documentos requeridos.

También contempla hasta 15 años de prisión para los individuos que con pleno conocimiento oculten, alberguen, transporten o protejan a personas que entraron de forma ilegal a EU, sin importar si fue por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.

Se estipulan además cinco años de prisión y multas de cinco mil dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10 mil dólares si es menor de edad.

Un punto similar contiene la ley contra migrantes (HB 2350) que entró en vigor en el estado de Kansas, enfocándose en combatir el tráfico de personas.

Define el tráfico de personas como transportar, albergar u ocultar intencionalmente dentro de Kansas a un individuo que entró ilegalmente a EU”, detalló la representante estatal Carrie Barth.

La norma exige a las fuerzas de seguridad la obtención de muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.

Prohíbe la emisión de identificaciones comunitarias y anula las licencias de conducir emitidos por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus legal.

Uno de los puntos que más temor causa es que la ley exige a los hospitales que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia pedir a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre el costo de la atención de estos pacientes.

Igualmente prohíbe a ciudadanos chinos comprar terrenos porque DeSantis “no quiere” al Partido Comunista Chino en Florida. Ciudadanos de Cuba, Venezuela, Rusia, Siria, Corea del Norte e Irán no podrán comprar tierras destinadas a la agricultura, así como aquellas que estén cerca de aeropuertos, instalaciones militares y centrales eléctricas.