CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local, una propuesta de reformas y adiciones al Código Penal capitalino en las que se tipifica como delito la corrupción inmobiliaria y se establecen penas de entre 10 y 20 años de cárcel.
Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México detalló en rueda de prensa que esta propuesta de iniciativa busca crear el capítulo 15 en el Código Penal vigente y establecer en el artículo 276 el delito de corrupción inmobiliaria.
“Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, omisión o tolere la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”, se lee en el documento.
La iniciativa contempla sanciones de 10 a 20 años de prisión en contra del servidor público que sea procesado por corrupción inmobiliaria y también serán extensivas a la red de familiares, empresarios y socios que estén involucrados, con independencia de otras sanciones que correspondan a otras conductas penales.
“Con estas reformas, sancionamos no solo al servidor público, sino a toda la red de familiares que intervienen en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria –con independencia de otros delitos– porque un servidor público puede ser acusado de enriquecimiento ilícito, de uso indebido de atribuciones y también –de aprobarse esta reforma– de corrupción inmobiliaria”, externó.
Explicó que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con evidencia que en 2008 solo se tiene el caso registrado de un nivel excedente fuera de la norma en la capital, En 2009 se tenían 12 casos, en 2012, año en que inició la administración de Miguel Ángel Mancera; 158 casos
Dijo que para 2015, el número de construcciones irregulares y con pisos excedentes en Benito Juárez se disparó y coincide con el periodo gobernado por los servidores públicos involucrados en presuntos casos de corrupción inmobiliaria.
Batres Guadarrama recalcó que la corrupción inmobiliaria trae consigo diversos efectos negativos en materia de protección civil, incertidumbre para quienes adquieren un departamento, encarecimiento de la vivienda, impacto hídrico, ambiental y de movilidad.
“Es un caso de ilicitud, es un caso de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento mal habido, pero además del fenómeno de la corrupción, hay diversos efectos negativos es el encarecimiento de la vivienda”, dijo
Por su parte Ricardo Ruiz, secretario de gobierno de la Ciudad de México, consideró necesaria la revisión y actualización del marco legal en materia de construcciones.
La propuesta de reforma al Código Penal de la Ciudad de México fue enviada al Congreso capitalino para que sea turnada a las comisiones correspondientes y una vez que sea dictaminada, pueda llevarse al pleno para su discusión y en su caso aprobación.
El anuncio se da a menos de 12 horas de que Ernestina Godoy dejara oficialmente la Fiscalía de la Ciudad de México y el anuncio de que iniciará una gira por las 16 alcaldías para informar sobre el combate a la corrupción inmobiliaria.
Este tema es uno de los principales con los que Morena ha impulsado en la Ciudad de México acusaciones contra políticos del PAN de comenter presuntos actos de corrupción.
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