YUCATÁN.- El Poder Judicial de Yucatán enfrenta por lo menos 11 casos de jueces “cachirules”, esto es, que sin rendir protesta oficial ejercen sus cargos y han dictado resoluciones penales desde 2024 a la fecha, con la venia del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal, actual senador de la República por la bancada panista.
Entre las anomalías sale a relucir el caso de la jueza segundo de control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Jazmín Ojeda Alayón, quien habría efectuado nombramientos y ejecutado funciones sin tener el nombramiento legal. La Fiscalía General de la República estaría investigando a Ojeda Alayón, así como a otros togados locales.
A esta situación, el Consejo de la Judicatura reconoció que Ojeda Alayón no fue designada Jueza de Control y, por tal motivo, no pudo haber rendido protesta y comete el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por lo que podría ser procesada por el delito de usurpación de funciones, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado.
En situación similar están otros funcionarios del Poder Judicial del Estado se encuentran trabajando en desacato a una orden federal, arriesgándose incluso a ser destituidas y destituidos. Se trata de Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz, Rodrigo Dajdaj Germón, Silvia Pamela Zetina Bautista, Mónica Acosta García, Silvia Elena Torres Cobá, Raúl Edilberto Bardales Alcocer, Suemi Cecilia Alejos Góngora, Elsy Margarita Basto Uc y Janet de Rocío Rodríguez Tilán.
Existen varios casos en los que la Juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Jazmín Ojeda Alayón, ha ejecutado prácticas controversiales, haciendo uso de su poder como funcionaria.
El último de ellos ocurrió en marzo pasado, cuando la jueza, dentro de la causa penal 590/25 CI 130/2025 en el Juzgado Segundo, liberó al ciudadano español, Joan Serra Montagut, quien causó destrozos en una cafetería de Mérida el pasado 25 de febrero.
A Serra se le seguía expediente por daño en propiedad ajena y amenazas e lesiones, por lo que estaba en prisión preventiva justificada desde inicios de marzo.
También destaca la situación de María Engracia García Chávez y su gerente de finanzas, Gregorio Oliva Miranda, propietarios de una empresa dedicada a proveer productos médicos por mayoreo, la cual fue defraudada y desfalcada por la compañía Nacional Terapéutica, cuyos propietarios son identificados como Gabriela Eugenia Mendoza Hernández y su pareja Manuel Bargas Díaz, con quienes mantenían una sociedad.
Tras haber presentado la respectiva demanda mercantil para exigir el pago del adeudo de poco más de 31 millones de pesos y medio, los defraudadores habrían hecho uso de influyentismos, pues son familiares directos de Miguel Bargas (hermano de Manuel Bargas), ex funcionario del Poder Judicial local para evadir toda responsabilidad de pago.
La misma juez Ojeda Alayón permitió que las hoy, doblemente víctimas, estuvieran obligadas a utilizar un grillete de ubicación, aun cuando exista un juicio ejecutivo mercantil con sentencia condenatoria definitiva violando su total derecho a la privacidad y libertad.
Y en enero de 2025, esta jueza exoneró a los hermanos Herbé Jesús y Gibrán Herbé Rodríguez Coello, de las acusaciones de fraude, falsificación y uso de documentos falsos que pesaban en su contra, pues ambos habrían logrado apropiarse de 58 inmuebles localizados en los municipios de Mérida, Motul, Umán, Telchac Puerto y Progreso, utilizando papeleo falso con firmas apócrifas.
Aún con las pruebas en su contra, la jueza Jazmín Ojeda desestimó la evidencia debido a que Jesús y Gibrán hijos del ex alcalde de Mérida, Herbé Rodríguez Abraham (ya fallecido), lo que apuntaría a un presunto influenciantismo.
En otro de los casos de corrupción, en mayo del año pasado un ciudadano fue notificado respecto de un acuerdo dictado por el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado por haber iniciado una carpeta administrativa ante esa autoridad.
Dicho acuerdo fue suscrito por el licenciado en Derecho, Rodrigo Moisés Dajdaj Germón en suplencia interina ante la falta de uno de los titulares en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado.
Sin embargo, Dajdaj Germón emitió ilegalmente un acuerdo donde ordena a unas personas se presentan a diversos actos de molestia y los firmados en calidad de juez Segundo de Control en Suplencia Interina, ante la falta de uno de los titulares, aunque en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en su Reglamento no se encuentra previsto el término de “juez interino”.
Denuncia en la FGR
En octubre de 2024, un ciudadano afectado por decisiones de los jueces interpuso ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia que ha cobrado relevancia en medio del proceso nacional de selección de nuevos ministros, magistrados y jueces.
Según el abogado Justo Medina Escobedo, asesor del denunciante, los jueces implicados iniciaron funciones sin cumplir el requisito legal de rendir protesta, por lo que sus actuaciones —como órdenes de prisión preventiva o resoluciones de libertad— carecerían de validez jurídica.
“No es lo mismo ser nombrado que rendir protesta. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su artículo 85, establece que: ‘Los jueces de primera instancia rendirán su Compromiso Constitucional ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, por conducta de su Presidente’”, recordó el abogado.
Además, citó lo dispuesto por el Artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, que señala:
“Todo servidor público del Estado y de los municipios, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, manifestará ante quien corresponda el Compromiso Constitucional de cumplir las obligaciones que contrae, al guardar y hacer guardar sin reserva alguna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del Estado y las Leyes que de ellas emanen, en los términos previstos en el artículo. 67 de esta Constitución.”
“Los actuales jueces comenzaron a ejercer sin rendir protesta, y desde un punto de vista técnico-jurídico, eso los invalida como tales. Todo lo que hayan dictado desde el inicio es absolutamente ilegal”, subrayó Medina.
El caso tiene su origen en un concurso realizado entre 2023 y 2024 para designar jueces. Uno de los aspirantes fue eliminado de forma presuntamente irregular y promovió un amparo federal. Aunque un juez de distrito concedió una suspensión, el Consejo de la Judicatura del Estado habría desacatado la orden judicial.
Bajo esta situación, un ciudadano (se omite el nombre por temor a represalias) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la comisión del delito especial prevista en el artículo 262 de la Ley de Amparo en contra de Iliana Elizabeth Álvarez de la Cruz, Rodrigo Dajdaj Germón, Silvia Pamela Cetina Bautista, Mónica Acosta García de la Cadena, Wendy Yazmín Herrera Tun, Silvia Elena Torres Cobá, Jazmín Ojeda. Alayón, Suemy Cecilia Alejas Góngora, Elsy Margarita Basto Uc y Yanet del Rocío Rodríguez Tilán.
