El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno se encuentra investigando el actuar de jueces federales mexicanos que concedieron amparos a las empresas trasnacionales Iberdrola y Monsanto.
Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que los jueces admitieron a trámite documentos extemporáneos.
“De inmediato los jueces ampararon a Iberdrola, creo que son 9 mil millones y además se está haciendo la investigación”, afirmó el presidente.
“Estamos haciendo la investigación y si fue así, denuncia a jueces y a quienes hayan participado y lo del maíz transgénico también”, precisó López Obrador.
También informó que la Secretaría de Medio Ambiente va a presentar una apelación en contra del amparo concedido a Monsanto, que se inconformó por la prohibición al uso de glifosato, y aseguró que la trasnacional quiere imponerse “por la fuerza y por las influencias y por dinero”, pero aseguró que eso no será así.
La empresa trasnacional Monsanto, filial de Bayer, consiguió un amparo que lo protege de la justicia federal contra el decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024.
El recurso legal fue concedido por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, que también le otorga el revocar y abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado, prohibiendo su siembra en México, de acuerdo con un comunicado.
Un juez federal concedió una suspensión definitiva a la empresa española Iberdrola contra una multa de 9,145 millones de pesos impuesta por la Comisión Reguladora De Energía (CRE) a finales de mayo, de acuerdo con el periódico español El País.
El regulador energético había impuesto una multa a Iberdrola Energía Monterrey por considerar que violó un permiso de generación de energía eléctrica de autoabasto vendiéndola a sus socios.
El diario informó que mientras dura el juicio de amparo, la transnacional española no tendrá que pagar la multa, la cual representa casi la mitad de las utilidades netas que reportó a escala global durante el primer trimestre del año.
En septiembre de este año se llevará a cabo la primera audiencia, para determinar la legalidad de la operación de la planta de generación de energía eléctrica.
