Nuevas reglas de declaración catastral en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma al Artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México (CDMX), con la que el gobierno solicita que propietarios de inmuebles para uso habitacional con un valor catastral superior a los 4.5 millones pesos presenten información a la Secretaría de Finanzas sobre el estado de sus propiedades, ha aumentado la desconfianza en el sector inmobiliario principalmente por el uso que se le podría dar a la información solicitada.

Para Fernando Rodríguez Bustamante, miembro del Consejo de Inmobiliarios Profesionales del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), si bien esta declaración es voluntaria, destacó que los contribuyentes deberán realizar el trámite de aceptación o negación cada año.

“En caso de declinar el hacer el informe, deberán ingresar a la página de la Secretaría de Finanzas, buscar el formato y marcar la opción de ‘me niego a compartir la información’. De lo contrario, podrían ser susceptibles a una sanción”, comentó en entrevista.

El gobierno informó que la declaración aplica a 3% del total de cuentas prediales registradas. Datos de la firma 4S Real Estate arrojan que durante el 2024 se vendieron 13,700 viviendas en la Ciudad de México a través de crédito hipotecario, de las cuales 3,294 pertenecen al segmento residencial plus (con valor superior a los 4 millones de pesos).

Para Bustamante, el gobierno capitalino no ha emitido una legislación que atente explícitamente en contra de la propiedad privada; sin embargo, consideró que iniciativas como la declaración catastral son intentos de limitar el libre ejercicio sobre los bienes.

La aprobación de esta regulación ha afectado la confianza del sector inmobiliario en la capital mexicana, el cual ha atravesado una crisis desde la pandemia en el 2020, las elecciones de gobierno en el 2024, así como los aranceles y reformas en el 2025.

“El sector es resiliente, hay movimiento, aunque vemos más en renta que en venta de viviendas. Esta situación es producto de las señales de la política que se ha tomado a la ligera con reformas para combatir la gentrificación y los altos precios, pero que no han sido pensadas y solo sirven para aumentar la incertidumbre en la población y desalentar la inversión”, añadió el especialista.

En palabras del vocero de CITI, la declaración despierta dudas y temores sobre el verdadero fin de las autoridades para obtener información de los inmuebles de lujo, especialmente en medio de la campaña de vivienda social impulsada por el gobierno.

Asimismo, Diego Garrido, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que la solicitud de datos a los propietarios es una vulneración al derecho a la privacidad, ya que puede poner en riesgo la seguridad de las personas.

“La jefa de gobierno, Clara Brugada, prometió construir 200,0000 viviendas, pero no hay espacio, todo esto prende las alertas respecto hacia dónde se quiere dirigir el partido Morenista en cuanto a los conceptos jurídicos y de derecho sobre la propiedad privada”, dijo el legislador.

Además de los cuestionamientos sobre el riesgo en el uso de información que puedan otorgar los propietarios, Bustamante destacó contradicciones en la iniciativa para la declaración catastral de inmuebles de lujo en la Ciudad de México.

“La ley se hizo para solicitar esta información a los propietarios, pero las reglas dicen que es voluntario; es decir, se contradicen. No tiene sentido, es algo que ni los mismos juristas terminamos de entender”, mencionó Bustamante.

Es por lo que, a través de una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, el diputado local del PAN busca la derogación del párrafo del Código Fiscal que establece el requisito para que los propietarios informen sobre sus inmuebles.