GUADALAJARA.- Después de una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ), que a su vez respondió a una solicitud de Amnistía Internacional, autoridades del Gobierno del Estado ofrecieron una disculpa pública a la familia de Alondra Guadalupe González Arias, por incumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de la joven, quien fue víctima de feminicidio el 10 de marzo de 2017.
En el acto fue develado un memorial en honor de Alondra y para recordar la obligación del Estado de implementar políticas públicas que reivindiquen y contribuyan al respeto de la vida de las mujeres.
El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza y la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, acompañados de personal de la CEDHJ, acudieron a la Glorieta de las y los Desaparecidos a reunirse con la familia de Alondra, asesinada por su expareja pese a que había denunciado agresiones y amenazas previas.
Luego de que Ibarra Pedroza ofreciera la disculpa a la familia, Nancy Arias Arteaga, madre de la joven, entregó al funcionario 127 mil 381 firmas que fueron recaudadas por activistas de Amnistía Internacional en México y varios países del mundo entre ellos Italia, Bélgica, España, Uruguay, Canadá y Londres; quienes demandan justicia para Alondra.
“En este día soy la voz de mi hija y de todas las hijas que no están. Yo le quiero decir al estado que ninguna reparación y ningún proceso nos puede reparar una pérdida como la de una hija o un hijo. El feminicidio de mi hija y de todas las que estamos presentes nos deja efectos físicos y emocionales. El estado tiene que tener más consciencia en todos los procesos que requiere una reparación, porque mi proceso fue largo y muy difícil”.
Tanto la develación del memorial como la disculpa pública forman parte de la Recomendación 5/2019 de la CEDHJ. Entre los aspectos relevantes de la Recomendación destacan las garantías de no repetición que debe cumplir el estado.
Al respecto, el documento señala que toda orden o medida de protección debe ser notificada de manera inmediata a la persona destinataria, así como a las autoridades encargadas de implementarla. Precisa que la protección de una mujer en riesgo, así como de sus hijas e hijos, no debe limitarse al municipio donde residen, sino a su trabajo, escuela de las y los hijos, los parientes y lugares donde la víctima tenga necesidad de desplazarse.
Alondra fue encontrada sin vida el 10 de marzo de 2017, con signos evidentes de violencia en el departamento que compartía con su pareja en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a pesar de que un mes antes había levantado una denuncia ante las autoridades por violencia de su ex pareja.
Ella había dado a luz 10 días antes a su segunda bebé y el feminicidio pudo haberse evitado.
Alondra contaba con una orden de protección que fue emitida cuando denunció la violencia por parte de su expareja. Sin embargo, la medida no se hizo llegar a las autoridades responsables, por lo que la joven nunca recibió la protección que requería.
Amnistía Internacional México ha brindado acompañamiento a Nancy, la madre de Alondra desde agosto de 2018. Llevó a cabo una fuerte campaña de visibilización que incluyó movilizaciones, talleres, reuniones con las autoridades y recaudación de firmas en todo el mundo.
El 11 de marzo de 2019 Amnistía Internacional entregó al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, más de 21 mil firmas provenientes de personas de países como Bélgica, España, Italia, Puerto Rico y Paraguay, que respaldaban la exigencia de justicia y la reparación integral del daño para la familia de Alondra.
El 3 de abril de 2019, la CEDH emitió la Recomendación 05/2019, de acuerdo con la cual el estado de Jalisco pudo evitar el feminicidio de Alondra. La Comisión establece una serie de medidas para reparar integralmente el daño a la madre, la hija y el hijo de Alondra.
El 13 de mayo de 2019, después de dos años de intensa incidencia de la madre de la joven con las autoridades, fue detenida la persona que el estado considera responsable al feminicidio de Alondra. La persona detenida tenía una orden de aprehensión desde el año 2017.
En noviembre de 2020 fue dictada sentencia condenatoria en el caso del feminicidio de Alondra, con lo que se dio un paso importante en la búsqueda de justicia y el combate a la impunidad.
