CANCÚN.- Tribunales federales en materia administrativa y judicial exhibieron ilegalidades de Aguakan, la empresa concesionaria de agua potable, alcantarillado y saneamiento que brinda el servicio en cuatro municipios de Quintana Roo.
A la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún (que opera comercialmente como Aguakan), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le impuso una multa al constatar que facturó indebidamente un consumo desproporcionado a una vivienda particular, de la cual reconoció que el medidor estaba en mal estado.
El caso es relevante porque la compañía aceptó ante los órganos de justicia que la falla del aparato se dio ya “que se había trabado”, pero siguió emitiendo facturas mensuales, que al no ser saldadas ordenó el corte del vital líquido.
El caso quedó documentado en el amparo directo 30850580 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, ante cuya última instancia legal recurrió Aguakan para intentar sacudirse la sanción económica, el 13 de septiembre de 2022.
Por su parte Aguakan emitió un comunicado en el que informa:
Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)- Aguakan acusa que, como parte de la ofensiva legal contra la empresa, sus directivos y consejeros, el Gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal en relación con hechos ocurridos hace más de una década.
A través de la publicación de un evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Aguakan informó a sus inversionistas que la denuncia se basa en supuestos hechos ocurridos en 2014, en torno a una modificación de la concesión que tiene la empresa para prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad del Estado de Quintana Roo.
Para la compañía, no hay sustento jurídico en los hechos que se investigan, ya que en ese año Aguakan y el Gobierno estatal acordaron ampliar el plazo de la concesión hasta 2053 e incluir el servicio de agua en Solidaridad. Como parte de este acuerdo, la empresa pagó mil 055 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado como contraprestación única. Sin embargo, se pretende hacer creer que los servidores públicos que firmaron dicho contrato carecían de facultades legales para realizar esa gestión.
Todas las acciones relacionadas al nuevo contrato se realizaron de manera transparente y conforme a la ley, como la aprobación del Consejo Directivo de la CAPA, los cabildos de los Municipios y el Congreso del Estado de Quintana Roo, por lo que la empresa confía en que los tribunales demostrarán que se actuó de manera correcta y que el Estado de derecho en Quintana Roo se respeta.
Aguakan considera que María Elena Lezama Espinosa, Gobernadora de la entidad, ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la denuncia penal, por lo que le reitera su total apertura para dialogar con su administración a fin de encontrar soluciones, en el marco del derecho y en beneficio de los habitantes del estado y de los inversionistas, entre los cuales están las afores Banamex, Sura, Principal y Pensionissste que representan a más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.
DHC-Aguakan es una empresa 100% mexicana, que ha invertido más de 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura en el estado que, entre otras cosas, implica la conexión de 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua.
