La histórica elección del Poder Judicial en México, celebrada el pasado 1 de junio, registró una participación ciudadana estimada entre el 12.57% y el 13.32%, según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE). Este bajo nivel de participación ha generado un intenso debate sobre la legitimidad y el impacto de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
Por primera vez en la historia del país, los ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir a 2,681 cargos del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. A pesar de la magnitud del evento, la participación fue considerablemente baja en comparación con otros procesos electorales.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la jornada como un “éxito total”, destacando que más de 13 millones de personas ejercieron su derecho al voto. Sin embargo, analistas y sectores de la oposición han expresado preocupaciones sobre la legitimidad del proceso y la falta de interés ciudadano.
Entre los factores que podrían haber contribuido a la baja participación se encuentran la complejidad del proceso electoral, la falta de información sobre los candidatos y la percepción de que la reforma judicial no aborda directamente las preocupaciones más apremiantes de la ciudadanía.
La elección judicial de 2025 representa un cambio significativo en la estructura del sistema judicial mexicano. Sin embargo, la escasa participación ciudadana plantea interrogantes sobre la efectividad de la reforma y la necesidad de fortalecer los mecanismos de información y participación ciudadana en futuros procesos electorales.
