CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la reforma a las pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se fondeará con recursos de la extinción de los Fideicomisos del Poder Judicial; utilidades del Tren Maya; de la extinción de organismos autónomos como el Inai y con recursos de lo que se confisca y van al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, entre otros.
En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la encargada de la política interna del país dijo que la reforma que se presentó el pasado 5 de febrero al Congreso plantea que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario.
“Es decir contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionan con el salario promedio del IMSS, estamos hablando de 16 mil 777 pesos”.
Alcalde dijo que el fondo semilla o Fondo del Bienestar de 64 mil millones de pesos se tienen como fuentes del financiamiento recursos de las operaciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, lo que se confisca por parte de las Fiscalías producto de delitos.
“Dos a través de la liquidación de la Financiera Rural; de la venta de los terrenos de FONATUR, de los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMSS y con el ISSSTE y de recursos que tienen las Afores que tienen ver con la recuperación de cuentas”.
También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias:
“Los fideicomisos del Poder Judicial, sabemos que si bien se aprobó una ley que si bien se tiene que regresar a esos 15 mil millones, está impugnada y se tiene que resolver por la Corte y esperamos que una vez resuelto se pueda liberar esos recursos; de los ahorros con la extensión de los organismos ´autónomos´, del 25% de las utilidades que generan las empresas para estatales que están a cargo de SEDENA y Marina, y de rendimientos generados por este propio fondo”.
Alcalde dijo que la reforma beneficiara a todos aquellos que fueron afectados con la reforma de 1997 del expresidente Ernesto Zedillo (PRI) y la reforma de 2007 del expresidente Felipe Calderón.
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