CANCÚN.– La exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos en Quintana Roo, tras una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
De acuerdo con la Contraloría estatal, la sanción se oficializó el 9 de mayo de 2024 mediante su inscripción en el Sistema de Registro de Sanciones S3. El proceso inició el 30 de enero del mismo año, cuando la Contraloría Municipal de Puerto Morelos presentó un expediente de responsabilidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. La exalcaldesa fue acusada de cometer una “falta grave”, según la Dirección de Prevención e Investigación de Responsabilidades del Órgano Interno de Control Municipal.
La Cuarta Sala Unitaria del Tribunal dictó la resolución el 19 de marzo, lo que derivó en la inhabilitación de Fernández Piña. En su defensa, la exfuncionaria interpuso un amparo el 20 de abril, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún bajo el expediente 35302362. Sin embargo, el 10 de febrero, la sentencia sobreseyó su reclamo, es decir, lo dejó sin efectos.
Fernández Piña argumentó fallas en las notificaciones del proceso, aunque tuvo conocimiento del caso desde el 26 de febrero, antes de que se dictara la resolución. Además, la sentencia determinó que no agotó los recursos administrativos correspondientes antes de recurrir al amparo.
La exalcaldesa gobernó Puerto Morelos entre 2016 y 2021. Posteriormente, fue diputada federal por el Distrito 4 de Cancún en la LXV Legislatura (2021-2024), cargo al que llegó por el Partido Verde, pero luego se afilió al PRD, del cual se separó en febrero de 2024 para quedar sin partido.
Compitió por la gubernatura de Quintana Roo en 2022 con la coalición Va por Quintana Roo (PAN-PRD-Confianza), pero perdió la elección. Durante su gestión como alcaldesa, su sucesora, Blanca Merari Tziu, la acusó de haber dejado al municipio en quiebra técnica por malos manejos financieros, lo que dio lugar a al menos seis denuncias por presuntas irregularidades.
Entre las acusaciones, se señaló que otorgó contratos a empresas ligadas a ella y su esposo. Los acuerdos, firmados mediante asociaciones público-privadas, incluyeron un contrato de alumbrado público originalmente pactado en 42.9 millones de pesos, pero que se incrementó a 381.6 millones con 240 pagos de 1.59 millones de pesos cada uno. Otro contrato para la construcción de una unidad administrativa subió de 57.9 a 336 millones de pesos, con pagos mensuales de 1.4 millones durante 20 años.
Antes de ser alcaldesa, Laura Fernández ocupó diversos cargos en el gobierno estatal y municipal. Fue secretaria de Turismo de Quintana Roo (2013-2016) durante la administración de Roberto Borge, diputada local en la XII Legislatura estatal (2008-2011) y secretaria técnica del Gabinete estatal (2005-2008), entre otros.
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