Presidenta de México respalda a Rubalcava como director del Metro CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este miércoles en la mañanera el nombramiento de Adrián Rubalcava Suárez como nuevo director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, tras la renuncia irrevocable de Guillermo Calderón Aguilera al cargo.

Desatando críticas por, entre otras cosas haber pertenecido durante años al PRI, partido duramente criticado por el movimiento al que pertenece la mandataria, esta destacó que se debe evaluar por “diferentes momentos”, recordando que él decidió “separarse del PRI” y unirse a la Cuarta Transformación.

Ante estas declaraciones, consideró lo siguiente:

Hay que darle la oportunidad de que desempeñe un buen papel al frente del Metro […] Ya critíquenlo después de que desarrolle su actividad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, oficializó el relevo y encomendó a Rubalcava continuar los trabajos de modernización y renovación del Metro, considerado estratégico para la movilidad de la capital.

Sin embargo, su historial está marcado por acusaciones graves que han acompañado su carrera pública, incluyendo la creación de una red dedicada al acoso y campañas de desprestigio contra periodistas y políticos, así como de amenazas y violencia política.

En 2015, investigaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) vincularon a Rubalcava con una presunta red dedicada al acoso y campañas de desprestigio contra periodistas, medios de comunicación y políticos de distintos partidos.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la red era operada junto con Juan Carlos Zaragoza Ríos, entonces empleado de Televisa, y otros colaboradores cercanos a Rubalcava.

En algunos casos, se documentaron intentos de fabricar acusaciones graves, como la campaña en redes sociales que acusó falsamente de pederastia al periodista Alejandro Páez.

Organizaciones como ARTICLE 19 denunciaron que estas acciones constituyen una violación a la libertad de expresión y exigieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la PGR para investigar posibles delitos y responsabilidades.

Las campañas de intimidación y difamación afectaron a medios como SinEmbargo y Aristegui Noticias, así como a periodistas como Francisco Zea.