YUCATÁN.- Este lunes continuaron las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que mantienen cerrada la calle 35 por 62 y 60, a las puertas de los juzgados de lo familiar en Mérida por la reforma judicial.
El personal de PJF instaló un campamento a las puertas de los citados tribunales, donde insisten en que la citada reforma amenaza la independencia judicial del país, además de que provocará pérdidas económicas por la incertidumbre que causará entre las empresas e inversionistas.
René Escalante Cámara, representante de los trabajadores en paro, indicó que seguirán con sus manifestaciones para exigir la revocación de la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados y que ya fue avalada en comisiones en el Senado de la República.
Hay que señalar que desde mediados de agosto, unos 150 trabajadores de la sección 37 del sindicato del Poder Judicial de la Federación en Yucatán se sumaron al paro nacional en contra de la reforma judicial, pues alegan que defienden su derecho a la pensión que podrían perder con la desaparición de los fideicomisos.
El pasado viernes, los trabajadores del PJF se movilizaron hasta el Aeropuerto de Mérida donde se manifestaron de forma pacífica contra la reforma judicial, ya que no bloquearon el acceso a la terminal aérea.
Por la noche de ese día marcharon del Remate de Paseo de Montejo hasta el Monumento a la Patria como rechazo a la reforma judicial, donde lanzaron consignas, como “La Justicia está Muriendo y “Poder Judicial contrapeso nacional”.
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán expresó su preocupación ante la reforma al Poder Judicial que actualmente se discute en la Cámara de Senadores, como lo han expresado varias organizaciones del sector privado en el estado y el resto del país.
“Nuestro sector, que representa a miles de empresas clave para la creación de empleo y el desarrollo económico en México, requiere un sistema de justicia sólido, imparcial e independiente para operar con la certidumbre jurídica necesaria”, agregó Claudia González Góngora, presidenta de la Canirac en la entidad.
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