CANCÚN.- El conflicto entre el gobierno de Quintana Roo, y la empresa AGUAKAN llegó a un nuevo nivel el miércoles 26 de febrero, cuando ambas partes emitieron posicionamientos tras días de creciente tensión. El gobierno estatal, en un esfuerzo por resolver las deficiencias del servicio de agua potable y alcantarillado, enfrenta ahora las demandas de la concesionaria, que pide una indemnización millonaria para abandonar la región.
Es así que la propia ciudadanía califica a AGUAKAN como un “fraude” para los quintanarroenses, mencionando que la empresa ha sido responsable de múltiples irregularidades, entre ellas, la deficiente calidad del servicio y el presunto enriquecimiento ilícito a través de prácticas como el lavado de dinero. “Es inaceptable que, durante años, los quintanarroenses hayamos pagado por un servicio deficiente, mientras los responsables han hecho fortunas a costa de los recursos del pueblo. Esta concesión es un lastre para nuestra comunidad, y el litigio vigente es una prueba del único gobierno estatal que sí quiso hacer algo”, declaró Alfredo Arroyo, ciudadano afectado.
Durante el gobierno de Roberto Borge (2011-2016), AGUAKAN recibió cientos de millones de pesos a través de contratos y subsidios por parte del gobierno estatal. Entre los montos más destacados, se menciona que la empresa recibió cerca de 500 millones de pesos para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica en Cancún y Playa del Carmen, sin que estos recursos se reflejaran en una mejora sustancial del servicio. Esto, según diversas denuncias y auditorías, habría sido parte de una serie de transacciones que favorecieron a los empresarios ligados a la concesionaria, mientras que los ciudadanos continuaron enfrentando cortes de agua y altos costos.
El hartazgo de la población por la deficiencia en el servicio es evidente. En varias ocasiones, los habitantes de Cancún, Playa del Carmen y otras zonas del estado han protestado por los altos cobros y los constantes cortes de agua, que se prolongan durante días sin previo aviso. Diversas encuestas y estudios revelan que más del 60% de los usuarios de AGUAKAN consideran que la calidad del servicio es “inaceptable” y que las tarifas son “abusivas”.
Ante este panorama, AGUAKAN ha decidido exigir una indemnización por mil millones de pesos para proceder con su retiro del estado. La empresa ha argumentado que la constante presión y las acusaciones de corrupción y mal manejo son insostenibles, por lo que su salida se da como una necesidad para proteger sus intereses. “El gobierno estatal no ha cumplido con sus compromisos contractuales, lo que ha generado un entorno hostil para nuestra operación. Pedimos una indemnización justa por los daños y la interrupción de nuestras actividades en Quintana Roo”, señala el comunicado emitido por la empresa el miércoles 26 de febrero.
AGUAKAN también ha defendido su desempeño, asegurando que las deficiencias en el servicio son consecuencia de la infraestructura obsoleta que, según la empresa, no ha sido actualizada adecuadamente por parte del gobierno local. Además, ha rechazado las acusaciones de lavado de dinero, calificándolas de infundadas. Sin embargo, los señalamientos sobre el mal uso de los recursos públicos siguen siendo un tema recurrente en la discusión.
El gobierno de Mara Lezama se mantiene firme en su postura de rescatar la concesión y revertir lo que considera un “contrato lesivo” para los ciudadanos. La gobernadora ha destacado que la administración estatal está evaluando diversas opciones legales para asegurar que el servicio de agua y alcantarillado pase a manos del gobierno o, en su defecto, se concesione a una empresa que garantice un servicio adecuado, con tarifas justas y una mayor transparencia en la gestión.
Este conflicto es de suma relevancia en la opinión pública, con los ciudadanos observando atentos a las negociaciones y al desarrollo del litigio.
