CANCÚN.- “Hoy vemos justamente el fruto de una coordinación y de un trabajo en equipo muy importante con el Gobierno del Estado. Estas donaciones de predios son históricas; son 422 hectáreas que eran parte de esa autoridad y van a ser ahora del gobierno municipal, y ahí se incluyen 19 colonias irregulares que durante más de 30 años no recibían respuesta los ciudadanos que invirtieron en ellas su patrimonio, por no se le daba seguimiento”, subrayó la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, durante la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria.
Al haber aprobado dicho cuerpo colegiado por unanimidad la aceptación de la donación a favor del municipio de Benito Juárez, de diversos inmuebles propiedad del Estado de Quintana Roo, la Primera Autoridad Municipal resaltó que en aras de la transformación que se vive en la ciudad, este acuerdo permitirá que el Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial siga dando resultados, ya que es también histórico y busca dar legalidad a colonias con las que se tenía una deuda de certeza muchos años atrás.
“Hoy estemos trabajando de la manera más coordinada con la Gobernadora del Estado, Mara Lezama, a quien le agradezco y le reconozco todo su respaldo a Benito Juárez; también a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), de quienes también tenemos toda la voluntad”, indicó.
Dentro de los beneficios del acuerdo, agregó, se concretarán también donaciones de 54 lotes del sistema vial primario, secundario, interiores y un corredor metropolitano, junto con 26 predios de equipamiento.
A detalle, se explicó que al formalizarse la donación gratuita, pura y simple de diversos lotes viales y de equipamiento propiedad del Estado, no solamente se beneficiaría a más de 300 mil personas que habitan en los alrededores de los inmuebles, sino se atendería y resolvería la problemática de la demanda por la construcción y dotación de infraestructura pública, una las peticiones sociales más recurrentes a la administración pública municipal dado que esos mismos terrenos tenían incertidumbre jurídica a la hora de programar inversión en espacios y vías públicas, por lo cual muchas veces las obras no se concluían.
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