Rodrigo Duterte, expresidente filipino, detenido por orden de la CPI

A algunos les dispararon justicieros anónimos en motocicletas. A otros les dispararon en la cabeza, al estilo ejecución. En una matanza tras otra, la policía solo describía a las víctimas como “sospechosos de narcotráfico” que se habían resistido al arresto, una acusación que rara vez se sostenía al más mínimo escrutinio. Sin embargo, la matanza continuó impunemente, a instancias de quien fue elegido presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

Pero el martes, casi tres años después de que Duterte dejara el cargo, se dio un paso importante hacia la rendición de cuentas para miles de filipinos que llevaban mucho tiempo buscando justicia para sus seres queridos. Actuando en virtud de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, la cual había estado investigando la campaña antidroga de Duterte, las autoridades filipinas lo detuvieron en el principal aeropuerto de Manila cuando regresaba de un viaje a Hong Kong. El martes por la noche, embarcó en un avión con destino a La Haya, sede del tribunal, según dos personas con conocimiento del asunto.

La CPI acusa a Duterte, de 79 años, de crímenes de lesa humanidad durante su mandato como presidente y cuando era alcalde de la ciudad de Davao. Su caso será una prueba de alto nivel para el tribunal, que en los últimos meses ha solicitado la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por los mismos cargos que Duterte. Pero es poco probable que esas órdenes lleguen a buen puerto, al igual que la orden de detención del tribunal contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dictada hace dos años.

El bando de Duterte dijo que su detención era ilegal, argumentando en parte que la CPI carecía de jurisdicción en Filipinas porque él había retirado al país de la Corte cuando era presidente. Pero en la orden judicial, un panel de tres jueces escribió que investigaba asesinatos durante el tiempo en que Filipinas aún era miembro del tribunal. Y el país sigue siendo miembro de la Interpol, la cual puede solicitar detenciones en nombre de la CPI. Un representante de la Interpol estaba presente cuando Duterte fue detenido.

La detención de Duterte trastocó la cultura de impunidad que había construido en torno a sus llamados escuadrones de la muerte. Incluso después de terminar su único mandato de seis años, parecía estar por encima de la justicia. Su sucesor, Ferdinand Marcos hijo, ascendió a la presidencia tras formar una alianza política con la hija de Duterte, Sara, quien se convirtió en vicepresidenta. Al principio de su gobierno, Marcos indicó que no cooperaría con la CPI.

Pero los lazos entre Marcos y Duterte se deshicieron rápidamente y de forma espectacular. A finales de 2023, el gobierno de Marcos había permitido discretamente la entrada en Filipinas de investigadores de la CPI.

Harry Roque, portavoz de Duterte, dijo que sus abogados se apresuraban a presentar una petición ante el tribunal para su puesta en libertad.

En un comunicado, Sara Duterte dijo que a su padre “se lo llevaban por la fuerza a La Haya”. Y añadió: “Esto no es justicia, es opresión y persecución”.

Antes de ser elegido en 2016, Duterte anunció que iba a tomar medidas enérgicas contra las drogas y que era mejor que los “traficantes de drogas, atracadores y holgazanes” del país se marcharan porque él los iba a “matar”. Los grupos de derechos humanos afirman que aproximadamente 30.000 personas resultaron muertas en su guerra contra las drogas.

Poco después de la toma de posesión de Duterte, un grupo de policías irrumpió en el pequeño apartamento de Mary Ann Domingo, matando a su pareja y a su hijo. El pasado junio, en una condena inusual, un juez declaró culpables de homicidio a los cuatro policías que participaron en la operación. Pero aún no han sido encarcelados.

“No tengo ninguna sensación de justicia”, dijo Domingo. “Duterte no tiene remordimientos”.

Aunque asumió la responsabilidad de la matanza, Duterte parecía intocable, hasta el martes. Su detención provocó lágrimas de alegría y frustración.

“Tomó tanto tiempo y tantas vidas”, dijo Grace Garganta, de 32 años, cuyo padre y hermano fueron asesinados por hombres enmascarados con solo unas horas de diferencia en julio de 2016 en Navotas.

“Casi perdí la esperanza, pero esto ha renovado en mí el sentimiento de esperanza, porque incluso las pequeñas víctimas como nosotros podemos tener una oportunidad contra Duterte y sus hombres poderosos”, dijo entre lágrimas.

En Manila, una cafetería atendida principalmente por madres, esposas, hermanas e hijas de las víctimas de la guerra contra las drogas ofreció a los clientes un descuento del 50 por ciento en las bebidas. En Ciudad Quezon, se organizó una misa especial para recordar a las víctimas, con sus fotografías colocadas frente a unas velas.

“Estoy extasiada”, dijo Leila de Lima, exsenadora que estuvo detenida seis años por criticar la guerra contra las drogas de Duterte. “Esto es algo por lo que había estado esperando y rezando. Y aquí está, el momento del ajuste de cuentas está ante nosotros”.