Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron este día la minuta de la Cámara de Diputados que extingue siete órganos constitucionalmente autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); a Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Durante la discusión, la senadora Juanita Guerra Mena, de Morena, argumentó que los organismos autónomos se conformaron por titulares politizados desde su origen, alejados de mecanismos de control y que formaban parte de una alta élite de incondicionales del gobierno o de grupos de poder. Asimismo, afirmó que estos órganos son una alta burocracia que sólo cuesta recursos a cada mexicano, ya que anualmente se invierten 168 mil millones en el Inai, mil 680 millones en el IFT, 734 millones en Cofece y 285 millones en la CRE.
Por parte del Partido del Trabajo (PT), Gonzalo Yáñez expresó que en el Estado liberal y democrático de división de poderes existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero no el “Poder de los organismos autónomos del Estado”. En tanto, subrayó que la mayoría de estos se crearon en el cenit de la era neoliberal en México. «¿Autónomos de quién? Sí autónomos del Estado, sí autónomos del pueblo, pero no autónomos de los dueños del dinero. Y dime quién defiende los organismos autónomos y les diré a qué intereses defiende”, puntualizó.
Desde la oposición, la senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, aseguró que el dictamen va en dirección contraria a la máxima de separar el poder político del económico porque estas instituciones buscaban evitar la mezcla de intereses económicos con el gobierno. Añadió que la propuesta, además de ser un retroceso, pretende meter en un “solo cajón” a organismos que tienen propósitos distintos; resaltó que incluso tienen presupuestos dispares, situación que no coincide con el discurso de que serán anulados por onerosos.
“Evidentemente mucho del personal que hoy está en estas áreas se va a trasladar al Ejecutivo por su expertiz, por su capacidad técnica, por muchas cosas. Al final, es decir, va a haber ese gasto va a seguir dándose de alguna u otra manera, no es una totalidad la que desaparece”, dijo.
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