CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vínculo a proceso a 10 empresarios del sector inmobiliario y al ex director jurídico de la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno, como presuntos responsables de asociación delictuosa.
Tras ocho horas de audiencia, el impartidor de justicia encontró pruebas suficientes para someterlos a proceso, aunque llevarán su juicio en libertad, y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria.
Además, ratificó a los inculpados las medidas cautelares de presentación periódica, exhibición de garantía económica y prohibición de salir del país, mientras al ex funcionario del gobierno panista le confirmó la prisión preventiva.
De acuerdo con las acusaciones que ha realizado el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Justicia, los empresarios Luis, José, Carlos, Guillermo, Miguel, Carlos, Eduardo, Sergio, Mario y Alejandro, junto con Vizcaíno, constituyeron en una sociedad para la construcción de dos desarrollos inmobiliarios.
Irregularidades
Según la fiscalía, durante la administración panista que encabezó Christian von Roehrich en la alcaldía Benito Juárez, los empresarios fueron favorecidos para obtener permisos y realizar trámites que les permitieran edificar complejos departamentales, que en algunos casos incumplían con las normas de desarrollo urbano de la demarcación.
Desde la administración pasada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación sobre una red de corrupción inmobiliaria que se orquestó desde dicha alcaldía.
El año pasado incluso integró otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en pandilla y cateó nueve inmuebles en esa jurisdicción relacionados con la red que se fraguó durante la gestión como jefe delegacional de Von Roehrich, actualmente preso en el Reclusorio Norte, y que involucraba a empresarios del ramo.
En ese momento, la dependencia informó que la investigación se inició porque detectaron que, por medio de un grupo de corporativos vinculados con funcionarios del gobierno panista, los presuntos involucrados incrementaron su patrimonio con la adquisición de bienes, lo cual hasta el momento no podría justificarse, de acuerdo con las funciones y cargos públicos que desempeñaron durante la referida administración.
Sin embargo, por la denuncia de un empresario, a quien le pidieron 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación, se destapó una red de protección para empresas constructoras que operaba con funcionarios de la alcaldía Benito Juárez.
Con las declaraciones del hombre de negocios, la fiscalía estableció el modus operandi que se hacía desde 2015 y el cual fue recurrente en al menos tres administraciones.
