COZUMEL. – Luego que ayer cuatro calesas fueran retiradas de la vía pública por agentes de Tránsito, Julio Ascorra Rejón denunció que este operativo del Ayuntamiento de Cozumel fue ilegal, ya que ellos cuentan con dos suspensiones definitivas obtenidas a través de amparos, desde hace dos años.
Estos recursos judiciales, alegó, deberían impedir a la autoridad retirar estos vehículos de tracción animal, en tanto les fabrican calesas eléctricas, que deberán reemplazar a las actuales, para dar cumplimiento a la Ley de Bienestar Animal.
Durante el operativo montado en el malecón de la ciudad, cuatro calesas fueron llevadas a un corralón, quedando los caballos al resguardo de los propietarios.
Ascorra Rejón asegura que esta situación generó mala imagen, ya que obligaron a descender a los turistas que estaban usando estos vehículos.
Los caleseros esperan sostener una reunión mañana con la presidente municipal, Juanita Alonso Marrufo, para mostrarle los amparos que tienen y que aseguran están vigentes.
“Somos personas de diálogo y de respeto a la ley, tenemos amparos que nos avalan, entonces vamos a demostrar con pruebas que podemos seguir trabajando mientras se construyen los carruajes eléctricos”, alegó.
La circulación de estos vehículos, que supuestamente debió iniciar cuando ingresaron este amparo, hace más de dos años, no ha podido comenzar, justificó, porque no están contemplados en la Ley de Movilidad.
HABRÁ PROCESOS CONTRA FUNCIONARIOS CÓMPLICES
Entrevistado por separado, Gabriel Yam, subsecretario general del Ayuntamiento de Cozumel, aseguró que revisaron los amparos que tenían estos caleseros y verificaron que no se incurría en un desacato al retirar estos vehículos de circulación.
El funcionario municipal señaló que por años hubo omisión por parte de la autoridad, por lo que habrá procedimientos y sanciones contra quienes no aplicaron la ley, tanto en la pasada administración como la actual.
No solo el Ayuntamiento, sino también la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Fiscalía General del Estado tendrán que investigar esta violación a la ley y a los funcionarios que fueron omisos en sus funciones, advirtió.
“El operativo es parte del cumplimiento de la ley y antes de actuar se conminó a los caleseros que suspendieran el servicio e hicieron caso omiso al aviso, de modo que la autoridad actuó”, aseveró.
Desde la pasada administración hubo una permisividad en el tema, e incluso en este gobierno se seguía en esa lína; sin embargo, en cumplimiento del estado de derecho, inició el operativo.
Además, advirtió que lo mismo sucederá con los mototaxis, los cuales, de acuerdo a la Ley de Movilidad, no están permitidos en la isla, por lo que se coordinarán con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para actuar conforme a derecho.
