El Gobernador Samuel García Sepúlveda ha enfrentado señalamientos a raíz del proceso electoral pasado, del cual salió victorioso como el primer mandatario emanado de MC en Nuevo León, por supuestamente beneficiarse durante las campañas de la triangulación de recursos y financiamiento ilegal que incluyó a su madre y hermanos. Ahora carga con otros señalamientos.
Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– El Gobernador de Nuevo León Samuel García es vinculado a una supuesta red de despojos inmobiliarios —que también habría incurrido en otros delitos como lavado de dinero— cuya representación legal comparte domicilio con las dos empresas señaladas de haber aportado de manera irregular recursos al mandatario de Movimiento Ciudadano (MC), denunció el empresario Raymundo Ramírez Pompa, quien ha llevado el caso ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones al señalar la que la Fiscalía local y el Poder Judicial del estado están coludidos.
“El Gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, está insalvablemente involucrado en estos delitos y es grave la situación que enfrenta el estado de Nuevo León en el área de impartición de justicia porque están operando como una organización criminal. Y vamos a seguir insistiendo porque la misma Ley impone ciertas restricciones a esa facultad de atracción (por parte de la FGR), pero es la única manera de que se pueda hacer justicia, mientras las Federación no atraiga todas estas denuncias que estamos presentando no se va a poder”, acusó Ramírez Pompa, empresario del sector inmobiliario, en entrevista con SinEmbargo.
Este medio contactó a la oficina de Comunicación Social de Nuevo León para conocer su postura frente a los señalamientos del empresario Raymundo Ramírez Pompa, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo comentarios.
El Gobernador Samuel García Sepúlveda ha enfrentado señalamientos a raíz del proceso electoral pasado, del cual salió victorioso como el primer mandatario emanado de MC en Nuevo León, por supuestamente beneficiarse durante las campañas de la triangulación de recursos y financiamiento ilegal que incluyó a su madre y hermanos a través de las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C., que a decir de Raymundo Ramírez Pompa, comparten domicilio con el aparato legal de un red de despojos, en la cual sirvió como abogado Carlos Eduardo Mendoza Cano, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cargo en el que fue colocado por el mandatario naranja, y que a decir del empresario también ha incurrido en otros delitos como el lavado de dinero.
Este esquema puso en la mira de la FGR a García Sepúlveda luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditara que financió su campaña con este esquema ilegal de triangulación de recursos. El mandatario ha desestimado los señalamientos al indicar que ni en su vida ni en su campaña “hay ninguna irregularidad”.
No obstante, a decir del empresario Raymundo Ramírez Pompa, el Gobernador y las principales instituciones del Estado en Nuevo León estarían involucradas en un sistema de despojos, en el cual una red alega ser la propietaria de algunas propiedades y mediante la supuesta colusión del Poder Judicial llevan los casos a tribunales para hacerse de manera ilegal de éstas. Según la misma acusación, el ahora titular de la UIF de Nuevo León, Carlos Eduardo Mendoza Cano, pasó de trabajar en la Fiscalía de Nuevo León a representar a estas empresas fraudulentas.
“Algunos de los delitos que cometen es tratar de despojar o de apropiarse de bienes inmuebles, de lo cual después resultan delitos como la defraudación fiscal, el lavado de dinero y muchos otros delitos. Como lo he venido repitiendo, es tan solo una de las áreas donde opera de manera criminal el Gobierno del estado de Nuevo León”, acusó Raymundo Ramírez Pompa.
EL MODUS OPERANDI DE LA RED
En septiembre de 2021, el empresario Raymundo Ramírez presentó una denuncia ante el SAT y la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que acusó al empresario Emilio Tancredi —con quien ha mantenido otras disputas legales por supuestos fraudes inmobiliarios— sus padres, José Tancredi Martínez y María Graciela Flores Maynes, entre otros amigos y familiares de ostentarse como dueños de diversos inmuebles exhibiendo documentos y contratos falsos de compra-venta, en casos que posteriormente defendió ante tribunales Carlos Mendoza Cano, extrabajador de la Fiscalía del Estado y actual titular de la UIF de Nuevo León.
“Desde ahí empiezan a trabajar conjuntamente organizando y coordinándose con la Fiscalía, con los jueces de control y con este grupo criminal que en esa mancuerna comete los delitos”, señaló Ramírez Pompa, quien refirió que parte del modus operandi de esta supuesta red es presentar múltiples denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del estado en las que alegaban la propiedad de los inmuebles. ”Lo único que tienen por finalidad es abrumarte con audiencias y papelería, posteriormente es donde entra el Poder Judicial con los jueces de control y de juicio oral y penal del estado”.
Ramírez Pompa señaló que tan sólo en su caso pretenden despojarlo de inmuebles valuados en 500 millones de pesos y de otros 500 millones de pesos a personas a las que él ya les vendió diversas propiedades. En su denuncia ante las instancias federales, dio cuenta de una operación de donación simulada de una casa entre los miembros de dicha familia y venta posterior de la misma en 3.9 millones de dólares, unos 78 millones de pesos, para evitar el pago de impuestos y ocultar el origen de los recursos. Acusó que en estas operaciones contaron con la asesoría del abogado Mendoza Cano, a quien señaló de participar en el despojo de una de sus propiedades.
“Carlos Mendoza Cano cuando a mí me aseguran los inmuebles de una manera ilegal porque la Fiscalía y los fiscales no tienen esas facultades, él era director de la Fiscalía, siendo director de la Fiscalía aseguró mis inmuebles. Sale de la Fiscalía para ser el abogado de los criminales que me denunciaron falsamente”, aseguró el empresario Raymundo Ramírez.
Ramírez Pompa incluso indicó que Carlos Mendoza falsificó documentos, actas de notarios públicos, contratos. “Soy una de las cientos de víctimas, he tenido afortunadamente los conocimientos y los recursos para defenderme y desafortunadamente lo he tenido que enfrentar […] porque no mucha gente se atreve y hay cientos de víctimas”.
En ese sentido, expresó que ya han entrado en comunicación con la FGR para pedirle la facultad de atracción ya que —a su decir— “al estar trabajando en el estado de Nuevo León la Fiscalía General de Justicia del estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿quién va a actuar en su contra porque son crímenes del fuero común, no es sencillo que la Federación atraiga el tema?”.
“Tenemos meses en comunicación y trabajando con autoridades federales para que precisamente sean ellas las que atraigan la facultad de atracción, porque es una burla, trastoca la dignidad humana, el hecho de que tengas que poner una demanda cuando un funcionario de la Fiscalía del estado comete un abuso de autoridad, o una violación a tus garantías constitucionales o a tus derechos humanos tienes que ir a la Fiscalía a poner la denuncia, y si un juez de control también violenta tus garantías constitucionales o a tus derechos humanos y quieres presentar una queja tienes que ir al Poder judicial resulta absurdo se burlan y se ríen de ti en tu cara”, aseguró.
Fuente: SinEmbargo.com
