CIUDAD DE MÉXICO.- Veinte menores de edad de uno y otro sexo y de 11 a 15 años de edad rindieron ayer protesta como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en el poblado de Ayahualtempa, en este municipio de la Montaña baja, con la finalidad de brindar seguridad a sus comunidades.
Al término del acto, un adolescente de 13 años que dijo ser integrante de una familia que está desaparecida desde el 19 de enero, explicó escopeta en mano qué lo llevó a incorporarse a la policía comunitaria: El gobierno no nos ha dado ninguna respuesta de nuestros parientes.
Dijo no tener miedo de unirse a la CRAC-PF y que estudia sólo cuando tiene tiempo, porque con la inseguridad no podemos. Ya aprendí a disparar y algunas posiciones, y también a enfrentar a los delincuentes. Tengo un arma (calibre) .410, y con ella voy a buscar a mis familiares desaparecidos.
Luis Morales Rojas, miembro del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, comentó que los chicos mayores se integrarán a la búsqueda de cuatro miembros de dicha familia y el resto realizarán labores de vigilancia.
Algunos de los menores que ayer rindieron protesta como integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores en el poblado de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero. Desde 2019 se ha adiestrado a niños y adolescentes para apoyar en labores de seguridad en la región. Foto Sergio Ocampo Arista
En entrevista, detalló que a los niños se les capacitó durante varios días en el manejo de armas, entre ellas rifles calibre .22; escopetas calibres 20, 16, y .410, así como pistolas.
Recordó que el adiestramiento de los menores data de 2019. “El gobierno nos ha dicho que es un delito porque se violan los derechos de la infancia, pero ¿qué nos dice de la delincuencia organizada, que tiene halcones de 12 y 13 años que vigilan a la población y nos perjudican?”
Los nuevos miembros de la CRAC-PF rindieron protesta en una asamblea a la que acudieron la mayoría de los habitantes de Ayahualtempa, comunidad de origen náhuatl, quienes demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que liberen a los indígenas secuestrados y retenidos en Tlaniculilco, municipio de Quechultenango: Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, respectivamente, quienes el 19 enero fueron privados de la libertad en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.
Morales Rojas advirtió que la CRAC-PF está dispuesta a llegar al lugar donde estén (los secuestrados), pero como Tlanicuilulco pertenece a otro núcleo agrario, dimos aviso al gobierno, y ahora esperamos que ellos sean los que los rescaten.
